Donald Trump ha propuesto eliminar uno de los derechos más fundamentales del sistema legal estadounidense: la ciudadanía por nacimiento. Esta política, vigente desde 1868 gracias a la Enmienda 14 de la Constitución, establece que cualquier persona nacida en territorio estadounidense es automáticamente ciudadana, sin importar el estatus migratorio de sus padres. El expresidente busca revertir este principio, argumentando que ha sido utilizado como “puerta trasera” para obtener beneficios ilegales.
De concretarse esta medida, se estima que más de 250,000 bebés al año nacerían sin ciudadanía, lo que los colocaría en una situación de limbo legal, sin acceso pleno a servicios, derechos ni una identidad clara. Las consecuencias serían graves no solo a nivel individual, sino en el tejido social de comunidades enteras, donde millones podrían quedar en condición irregular por generaciones.
La propuesta ya fue llevada a la Corte Suprema, donde se espera un largo y complejo debate. Diversos sectores, tanto defensores de los derechos humanos como figuras del ámbito legal, han manifestado su rechazo, argumentando que esta medida sería inconstitucional. Mientras tanto, familias migrantes en todo el país viven con incertidumbre sobre el futuro de sus hijos.