El gobierno de México estableció un nuevo tope para las pensiones de altos funcionarios, marcando un cambio importante en el uso de recursos públicos. A partir de esta reforma, ninguna pensión podrá superar el 50% del salario presidencial, que actualmente ronda los 134 mil pesos mensuales. Esto fija un límite aproximado de 67 mil pesos al mes.
De acuerdo con información publicada en el Diario Oficial de la Federación, la medida busca eliminar privilegios considerados excesivos dentro del sector público. La intención es generar mayor equidad en el sistema y evitar que ciertos cargos mantengan beneficios desproporcionados tras dejar sus funciones.
Además, el ajuste pretende liberar recursos para destinarlos a programas sociales y otras prioridades del país. La decisión ha generado debate entre quienes la consideran una acción de justicia administrativa y quienes cuestionan su impacto en la atracción y permanencia de perfiles en el servicio público.