En México, alterar el consumo de energía eléctrica mediante los llamados “diablitos” no es una falta menor, sino un delito federal. Manipular medidores, conectarse de forma ilegal a la red eléctrica o modificar el suministro está tipificado como robo de energía en el Código Penal Federal.
Las sanciones por estas prácticas pueden incluir penas de hasta 10 años de prisión, además de multas económicas elevadas. El monto de las sanciones se calcula con base en los ingresos del infractor y el daño ocasionado al sistema eléctrico, lo que puede representar cifras considerables.
Autoridades han reiterado que estas acciones no sólo afectan a la Comisión Federal de Electricidad, sino que también generan riesgos graves de incendios, fallas eléctricas y accidentes. Por ello, el combate al robo de energía sigue siendo una prioridad en distintas regiones del país.