El Congreso de Chihuahua aprobó una reforma que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en todas las escuelas del estado, bajo el argumento de preservar el “uso correcto del idioma español” y respetar las normas gramaticales establecidas por la Real Academia Española. La medida fue impulsada por legisladores del Partido Acción Nacional y respaldada por una mayoría en el pleno, quienes afirmaron que el lenguaje debe mantenerse “claro y uniforme” dentro del ámbito educativo.
La decisión generó una fuerte polémica en redes sociales y entre colectivos de derechos humanos. Diversas organizaciones LGBT+ y especialistas en lingüística señalaron que la iniciativa podría interpretarse como discriminatoria, al restringir la libertad de expresión y limitar formas de comunicación más inclusivas. Además, advirtieron que la medida contraviene los principios de respeto y diversidad que promueven los programas federales de educación.
Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su desacuerdo con la prohibición, destacando que el lenguaje inclusivo “no daña al idioma, sino que amplía su alcance”. En contraste, países como El Salvador ya han implementado restricciones similares en las escuelas públicas. El debate continúa abierto en México, donde la discusión sobre el lenguaje inclusivo se ha convertido en un reflejo de los cambios sociales y culturales del siglo XXI.