La justicia venezolana dictó una sentencia de 30 años de prisión contra Marggie Orozco, médica de 65 años originaria del estado de Lara, tras acusarla de “traición a la patria, incitación al odio y conspiración”. Su caso ha generado indignación internacional, ya que la condena se basa únicamente en un mensaje de voz difundido vía WhatsApp en el que criticaba al gobierno de Nicolás Maduro e invitaba a participar en las elecciones. La doctora fue arrestada en 2021 y ha enfrentado un deterioro severo de salud durante su reclusión.
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, dirigentes comunitarios afines al oficialismo denunciaron a Orozco ante autoridades locales, quienes procedieron a detenerla sin la presencia de abogados ni garantías para su defensa. Durante su encarcelamiento, la médica ha sufrido dos infartos y permanece en condiciones consideradas incompatibles con los estándares internacionales de trato digno a personas privadas de libertad.
Amnistía Internacional y otras organizaciones reportan que Venezuela mantiene actualmente 882 presos por motivos políticos, incluidos activistas, periodistas y ciudadanos que han difundido críticas en redes sociales. El caso de Orozco se suma a una lista creciente de expedientes que, según defensores de derechos humanos, evidencian una estrategia sistemática de represión contra voces disidentes. La comunidad internacional ha exigido su liberación inmediata y garantías al debido proceso.