El Gobierno de la Ciudad de México implementó un nuevo esquema para incentivar la construcción de vivienda accesible como parte de la reactivación de la Norma 26. La propuesta permite a desarrolladores privados edificar hasta ocho niveles adicionales en determinados proyectos, siempre y cuando destinen una parte de las unidades a viviendas con precio máximo de 1 millón 986 mil pesos. La iniciativa busca equilibrar el mercado inmobiliario en zonas afectadas por la gentrificación.
Las autoridades capitalinas señalaron que la medida responde a la necesidad de ampliar la oferta de vivienda para sectores medios y populares, quienes han enfrentado incrementos constantes en rentas y precios por metro cuadrado. Para evitar irregularidades como las que ocurrieron en 2013, cuando desarrolladores construyeron viviendas económicas que luego vendieron como propiedades de lujo, el gobierno aseguró que se aplicará una supervisión estricta en permisos, materiales y destino final de las unidades.
Especialistas en urbanismo indican que el éxito de la Norma 26 dependerá del cumplimiento de sus reglas y de la capacidad del gobierno para vigilar la transparencia en los procesos de construcción y comercialización. También advierten que, aunque la medida puede ampliar la disponibilidad de vivienda asequible, será necesario complementarla con políticas integrales que regulen alquileres, eviten desplazamientos y protejan la identidad de barrios tradicionales.