Estados Unidos atraviesa un momento crítico en materia de salud pública. Con la entrada en vigor de la nueva ley de impuestos y gastos, expertos calculan que alrededor de 14 millones de ciudadanos quedarán sin cobertura médica en la próxima década. Esta situación incrementará la desigualdad en el acceso a servicios básicos, en un país donde los costos hospitalarios ya representan un fuerte obstáculo para las familias de ingresos medios y bajos.
El debilitamiento de subsidios y apoyos ha puesto en riesgo a clínicas y hospitales, muchos de los cuales dependen de la atención a pacientes con seguros subsidiados para mantenerse operativos. De acuerdo con especialistas, el cierre de centros médicos podría extenderse a comunidades rurales y suburbanas, que son las más vulnerables a perder acceso a servicios de emergencia y atención preventiva.
La crisis ha encendido nuevamente el debate sobre la necesidad de una reforma estructural en el sistema de salud estadounidense. Mientras sectores progresistas insisten en la urgencia de ampliar la cobertura pública, otros grupos señalan que el gasto federal no soportaría un esquema más universal. El panorama, sin embargo, confirma un retroceso en el acceso a la salud y un aumento en la brecha de atención médica.