Diversas organizaciones no gubernamentales y activistas por los derechos humanos han encendido las alertas tras una serie de reformas impulsadas en El Salvador. La más polémica: la aprobación de la reelección presidencial indefinida, una medida que, según críticos, debilita los principios democráticos del país. A esto se suma la eliminación de la segunda vuelta electoral y la extensión del mandato presidencial de cinco a seis años.
Desde la sociedad civil, las reacciones no se han hecho esperar. Grupos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han emitido comunicados expresando su preocupación por el rumbo que está tomando la nación centroamericana. En redes sociales, ciudadanos salvadoreños también han manifestado su temor a que el poder se concentre cada vez más en una sola figura, debilitando los contrapesos institucionales.
El gobierno, por su parte, defiende las reformas argumentando que buscan dar mayor estabilidad política y eficiencia al sistema electoral. Señalan que la popularidad del presidente Nayib Bukele refleja un respaldo social amplio a sus políticas. No obstante, el debate sigue creciendo tanto dentro como fuera del país, en torno al futuro del sistema democrático salvadoreño y el riesgo de caer en prácticas autoritarias.