El Gobierno de la Ciudad de México ha endurecido las penas contra el despojo de viviendas, un delito que ha afectado especialmente a personas vulnerables. Clara Brugada, actual jefa de Gobierno, presentó una nueva estrategia legal que sanciona con hasta 22 años de prisión a quienes ingresen ilegalmente a casas ajenas, sobre todo si hay agravantes como suplantación de identidad, falsificación de documentos o complicidad de servidores públicos.
Esta reforma responde al creciente número de denuncias por invasiones organizadas, en su mayoría contra adultos mayores, mujeres embarazadas, personas indígenas o en situación de discapacidad. De acuerdo con autoridades, estas personas eran blanco frecuente de grupos que operaban impunemente al aprovechar vacíos legales.
Además de las sanciones penales, se contempla una red de apoyo legal y psicológico para las víctimas, así como un registro público de inmuebles en riesgo de despojo. El gobierno busca enviar un mensaje claro: el derecho a la vivienda será protegido y el despojo ya no será tratado como un delito menor.